⚖️ 1. Discriminación por residencia y principio de igualdad

Efectivamente, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), como la de Málaga, distinguen entre residentes y no residentes, permitiendo circular a vehículos más antiguos (por ejemplo, etiqueta B o sin distintivo) solo si están domiciliados en el municipio.

Esto genera un trato desigual entre:

• Residentes (pueden usar coches más contaminantes dentro de “su” ciudad).

• No residentes (no pueden entrar aunque tengan el mismo coche).

En derecho administrativo, esto se ha cuestionado porque puede contravenir el artículo 14 de la Constitución Española, que prohíbe la discriminación arbitraria entre ciudadanos sin una justificación objetiva y proporcional.
El Ayuntamiento lo justifica en que el vecino de la ciudad tiene más dependencia funcional de la ZBE (para entrar a su casa, colegio, trabajo, etc.), mientras que el no residente puede usar alternativas (transporte público, aparcamientos disuasorios, etc.). Pero jurídicamente es un equilibrio delicado.

2. Desigualdad social y económica

• Las ZBE afectan más a personas con menos recursos, que suelen tener coches más antiguos (etiqueta B o sin etiqueta).

• Renovar el coche o comprar uno nuevo “ECO” o “CERO” es caro — y no todos pueden hacerlo, especialmente trabajadores que viven fuera y deben entrar a la ciudad.

Esto genera lo que algunos informes del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y de la OCU han calificado como una “brecha de movilidad”:
las ZBE mejoran el aire, pero pueden profundizar desigualdades socioeconómicas si no van acompañadas de:

• ayudas reales a la renovación del parque móvil,

• transporte público asequible y eficaz,

• planes específicos para quienes viven fuera del centro urbano.

3. Falta de estudios de impacto

En muchos municipios (Málaga incluida), se ha señalado que:

• no se han hecho estudios de impacto económico y social previos suficientemente detallados;

• los comercios y trabajadores del centro pueden verse perjudicados por la reducción del acceso de clientes o proveedores no residentes.

Algunos informes de asociaciones de autónomos (como ATA o Aehcos en Málaga) han advertido que sin medidas de apoyo —bonificaciones, excepciones horarias, o transporte alternativo—, la ZBE puede desplazar la actividad económica en lugar de “descontaminarla”.

4. El contrapunto ambiental

Por supuesto, el objetivo es legítimo: reducir contaminación y mejorar la calidad del aire, algo exigido por la Directiva europea 2008/50/CE y la Ley española 7/2021 de cambio climático.
Pero el reto es hacerlo sin crear una exclusión social.
Por eso la Unión Europea recomienda que cada ZBE:

• incluya planes de transición justa,

• y establezca excepciones y ayudas para colectivos vulnerables (trabajadores de bajos ingresos, vehículos profesionales, etc.).

En resumen:

Málaga, al igual que otras ciudades con ZBE, sí discrimina de facto entre residentes y no residentes, y esa diferencia puede afectar más a las personas con menos recursos o que viven fuera pero dependen laboralmente de la ciudad.

El reto pendiente es que la transición ecológica sea también socialmente justa — algo que muchos ayuntamientos aún no han resuelto bien.